TOP de San Fernando condena a 12 años de presidio efectivo a autor de homicidio simple

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando condenó, con costas, a Omar Francisco Saavedra Cifuentes a la pena de cumplimiento efectivo de 12 años de presidio, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. Ilícito perpetrado en diciembre de 2020, en la villa San Juan, a una mujer de 31 años, que sería la madre de sus dos hijos.

En fallo unánime, el tribunal dio por establecido, más allá de toda razonable, que en horas de la madrugada del 7 de diciembre de 2020, “la víctima caminaba junto a unas amigas por entre los block de la villa San Juan de San Fernando, en dirección a su domicilio, cuando se encontraron con el acusado OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CIFUENTES, quien inició una discusión con la víctima”.

“Mientras se efectuaba esta discusión, el acusado SAAVEDRA CIFUENTES sacó un arma de fuego con la que disparó en contra de (…), disparo que impactó en el hemitórax anterior derecho de la víctima lo que generó una lesión de grandes vasos y órganos principales del cuerpo que generaron una hemorragia masiva, lesión que le provocó la muerte en la misma villa San Juan, lugar en el que la víctima se desplomó”.

Para el tribunal: “(…) dichos hechos son constitutivos de un delito consumado de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2  del Código Penal, cometido en la persona de  (…), en razón de que existió una acción homicida, el resultado de muerte y la relación de causalidad entre la acción y el resultado, todo ello de conformidad al hecho establecido precedentemente; existiendo un dolo directo, y en el cual cupo participación a Saavedra Cifuentes en los términos del artículo 15 Nº1 del Código Penal”.

El tribunal aplicó, además, a Saavedra Cifuentes las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

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